El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de ocho años de cárcel para el piloto de una patera interceptada en las inmediaciones de Tarifa (Cádiz) en diciembre de 2012, con 30 personas a bordo entre ellas una mujer embarazada y cuatro bebés.

El alto tribunal inadmite el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia de Cádiz que le consideró autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El Supremo considera lógica y racional la convicción alcanzada por el tribunal de instancia de que el acusado era el piloto de la embarcación, lo cual él negaba, sosteniendo que era un pasajero más y que había abonado por ello 400 euros.

El hombre arguyó que, a mitad de la travesía, los que pilotaban la patera abandonaron la embarcación, indicándoles donde se encontraba España y dándoles los remos, por lo que él se hizo cargo de la embarcación ante el peligro que corrían todos los ocupantes.

La resolución considera válida la prueba preconstituida y de realización anticipada que consistió en el testimonio en fase de instrucción (ante el juez, el fiscal, el imputado y su defensa) de dos de los ocupantes de la patera, que identificaron al acusado como piloto de la embarcación, ninguno de los cuales pudo ser localizado para acudir al juicio.

Dice el auto que "era previsible que personas en situación administrativa irregular pudieran ausentarse de España, por lo que resultaría imposible que se pudiera contar con las mismas en el acto de la vista. En instrucción se respetaron las garantías exigidas para dar validez a las mismas, pues se respetó la contradicción, estaba presente el órgano judicial y fueron introducidas en el sumario correctamente".