Poder JudicialEspaña

Fecha de actualización: domingo, 12 de febrero de 2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresa su más absoluto respeto a la declaración institucional de Carlos Dívar y rechaza las descalificaciones y ataques contra el Supremo tras la difusión de la sentencia del caso 'Peláez, Crespo y Correa vs. Garzón', de 9 de febrero.

Elministro de Justicia difundió un comunicado este viernes, 10 de febrero, en el muestra su completo acatamiento a la sentencia, “actitud que, por otra parte, no es sino muestra del respeto al principio de separación de poderes que debe regir con normalidad en nuestro Estado de Derecho.

En este sentido, Alberto Ruiz Gallardón mostró su “más absoluto respeto a la declaración institucional emitida al respecto por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la que, partiendo de la aceptación del legítimo derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, rechaza con toda energía las descalificaciones y ataques que injustamente está recibiendo el más Alto Tribunal de Justicia de nuestro país”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, consideró que la sentencia refuerza el "derecho de defensa" y destaca la independencia de los tribunales. En su opinión, con esta condena  el Tribunal Supremo confirma “que el derecho de defensa es  un elemento nuclear para que los ciudadanos tengan un proceso con todas las garantías. No hay proceso justo si se lamina el derecho de defensa, de forma que las escasísimas restricciones previstas en la ley deben estar especialmente justificadas”.

Por otro lado, el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, destacó en un comunicado difundido este viernes que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional del Estado, “es plenamente acreedora de ese respeto institucional que hoy algunos tratan de poner en entredicho, más allá de la crítica legítima a cualquier resolución judicial".

En su comunicado, Hernández-Gil considera que la sentencia contribuye a "definir y reforzar el derecho de defensa como un derecho fundamental de los ciudadanos, pilar del Estado de Derecho". A su juicio, la sentencia puede ser objeto de crítica, desde las perspectivas que cada jurista estime adecuadas, pero "no es cuestionable la legitimidad y competencia del órgano que la dicta, ni la honorabilidad de los siete magistrados que han constituido la Sala emitiendo unánimemente su parecer, ni el cumplimiento en esta sentencia de todos los requisitos procesales exigidos por la ley así como de la obligación de motivación suficiente".

Se adjuntan los comunicados del Ministro de Justicia y del presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.