La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente un recurso de Vox respecto al nivel de protección de los cuarteles de Loyola pero ordena su inclusión como edificios protegidos en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC) en San Sebastián, lo que impediría su demolición. 

Vox había considerado en su recurso que el conjunto arquitectónico del acuartelamiento reunía los requisitos establecidos por el propio PEPPUC para ser protegidos y aportó dos informes de profesionales de la arquitectura para demostrarlo. 

En estos informes se cita que el Gobierno Vasco incluyó en su día a los cuarteles de Loyola en el inventario provisional del patrimonio histórico arquitectónico y la Diputación de Gipuzkoa también estimó su valor cultural y apostó por su conservación en un documento del año 2009. 

La sentencia se asienta en esos dos informes del Gobierno Vasco y la Diputación y afirma que el tribunal no puede ignorar que “dos administraciones, ajenas al presente procedimiento y cuyos técnicos están dotados de objetividad, han informado a favor de la protección de los cuarteles de Loiola”. 

El fallo establece otorgar una protección de Grado IV, según detalló en su día el informe de la Diputación de Gipuzkoa, y no el Grado A que había solicitado Vox. 

La sentencia puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo contencioso administrativo el Tribunal Supremo y ante la propia sala del TSJPV.