La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis años de prisión por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia a un hombre después de que naufragara el yate de recreo que había alquilado para transportar casi dos toneladas y media de hachís. 

El penado, que deberá hacer frente a dos multas de más de cuatro millones de euros cada una, alquiló este barco gracias a la licencia de patrón que le proporcionó un segundo acusado, también condenado en este procedimiento a un año y medio de prisión como cómplice de tráfico de drogas. 

Además, la Sala ha impuesto penas de cuatro y dos años de cárcel, respectivamente, a otros dos inculpados, como autor y cómplice de un delito continuado de contrabando, ya que almacenaban cuatro lanchas neumáticas semirrígidas de alta velocidad sin registrar en dos naves industriales de Santa Pola.

Las características de estas ‘narcolanchas’, de alta velocidad, con el casco y el puesto de mando modificado y sin inscribir en el registro oficial específico para su control, las convierte en género prohibido, por lo que su posesión constituye un delito de contrabando. 

La sentencia condena al propietario de estas embarcaciones a pagar una multa de 890.000 euros, así como a su cómplice, un empleado que colaboraba en la custodia y preparación de las lanchas, a abonar otra multa de 161.900 euros. 

La resolución judicial, en cambio, absuelve por falta de pruebas a otras cinco personas que también estaban acusadas de contrabando y de encubrimiento. 

Los hechos comenzaron el 27 de febrero de 2020, cuando el principal condenado alquiló en Torrevieja un yate de recreo con el que salió a navegar junto a otra persona no enjuiciada en esta causa. 

De acuerdo con la sentencia, cargaron en el barco hasta 86 fardos con resina de hachís, con un peso total de casi dos toneladas y media, que pensaban dedicar a la venta a terceros. 

No obstante, el exceso de carga y el mal estado del mar hicieron naufragar el yate, que fue rescatado a 15 millas náuticas del puerto de Torrevieja. El hachís se hubiera vendido por más de 4 millones de euros en el mercado ilícito. 

A partir de este naufragio se inició una investigación que concluyó con la incautación en un polígono industrial de Santa Pola de cuatro lanchas rápidas, dos de ellas en proceso de fabricación y montaje, que no estaban inscritas en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad.