El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha declarado la complejidad de las dos piezas separadas del ‘caso Cooperación’ y ha ampliado de 6 a 18 meses el plazo para investigar al exconseller Rafael Blasco, a su equipo en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y a otras personas por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo.

La magistrada estima la petición del fiscal y prorroga esta investigación por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental y cohecho.

La decisión de la jueza se produce como consecuencia de las nuevas pruebas halladas a raíz las diligencias practicadas desde que el caso pasó del Tribunal Superior de Justicia a Instrucción 21, una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

La magistrada considera, además, que concurren otros elementos que justifican que esta causa sea declarada compleja. A este respecto señala que se están investigando numerosos hechos punibles; que hay una gran cantidad de personas investigadas y que está siendo necesaria la práctica de pruebas periciales que implican el análisis de abundante documentación. Recuerda, igualmente, que algunas de las diligencias se han tenido que realizar en el extranjero.

Desde que retomó la instrucción del Caso Cooperación, la titular de instrucción 21 ha imputado a una persona más y ha tomado declaración a 56 testigos, 22 de ellos en el marco de la pieza separada número 2, la que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011.

En esta pieza hay 23 investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que figuran el exconseller Blaso, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto Tauroni.

Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.

La pieza separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de que la jueza haya tomado declaración a 34 testigos desde que el TSJ devolvió la causa.

La conclusión de esta pieza, con 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni, pende de un informe de la Intervención encargado por la instructora.

Blasco y su equipo ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.