Lunes, 19 de septiemebre

 

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Tráfico de drogas

 

Nueve acusados de formar una red de tráfico de drogas –cocaína, marihuana y hachís- que distribuían entre terceros en la ciudad de Santander. La droga provenía de Colombia, país de origen de parte de los acusados.

 

El ministerio fiscal considera que todos ellos cometieron un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. Además, a tres de ellos les imputa un delito de tenencia ilícita de armas.

 

La pena de cárcel solicitada para todos ellos por el delito de tráfico de drogas asciende a cuatro años y tres meses de cárcel, con multas de hasta 2.900 euros.

 

Además, por el delito de pertenencia a grupo criminal, el fiscal pide una condena de ocho de meses de prisión para todos ellos, salvo para el cabecilla, para el que solicitan un año de cárcel.

 

Finalmente, pide un año y medio de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas para tres de los acusados.

 

Nota:

Este juicio está previsto que continúe los días 20, 21 y 22 de septiembre, con sesiones que darán comienzo a las diez de la mañana.

 

 

Viernes, 23 de septiembre

 

09,30 horas

Agresión sexual, allanamiento de morada y quebrantamiento de medida cautelar

 

Acusado de acudir al domicilio de una mujer –pese a tener vigente una orden de alejamiento de la misma-, entrar en la vivienda sin su permiso e intentar agredirla sexualmente.

 

El fiscal considera los hechos un delito de agresión sexual en grado de tentativa en concurso con un delito de allanamiento de morada y otro de quebrantamiento de medida cautelar.

 

La condena solicitada por el ministerio público asciende a cuatro años y tres meses de prisión, multa de 2.700 euros, y libertad vigilada y prohibición de comunicar con la víctima durante seis años. Además, reclama una indemnización de 740 euros.

 

 

12,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Malversación impropia

 

Acusado de deshacerse de bienes pese a conocer que se encontraban embargados.

 

El imputado regentaba un establecimiento dedicado a la venta de productos ibéricos. En el curso de un procedimiento de ejecución judicial, la comisión judicial se personó en la tienda para practicar un embargo y designó al ahora acusado como depositario de los bienes embargados –botellas de vino y embutidos, fundamentalmente.

 

En aquel acto, fue advertido de que debía conservarlos, custodiarlos y entregarlos a la persona que el Juzgado designase, y que si no actuaba así incurriría en un delito de malversación.

 

Dos meses después, cuando el Juzgado le requirió para que indicase el lugar donde estaban los bienes embargados, el acusado presentó un escrito manifestando que los mismos eran de otra empresa.

 

Según el relato del ministerio público y de la acusación particular, el imputado vendió algunos de los bienes y devolvió otros a los proveedores. Posteriormente cerró la tienda, con lo que el ejecutante no pudo cobrar.

 

El fiscal considera los hechos un delito de malversación impropia por el que solicita una condena de dos años y nueve meses de prisión, multa de 4.800 euros, así como una indemnización de 6.000 euros.

 

La acusación eleva la petición de condena a tres años de cárcel y solicita la misma indemnización.