La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Cádiz con sede en Jerez de la Frontera que condenó a cuatro años de prisión a un policía local por los delitos detención ilegal, denuncia falsa y falso testimonio. El policía condenado detuvo a un ciudadano que le alertó de los daños que estaba produciendo en un vehículo que estaba retirado la grúa, le acusó de atentado a la autoridad y mintió en el juicio posterior celebrado contra dicho ciudadano. 

Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2017 en Jerez de la Frontera cuando el ciudadano salía de un bar de desayunar y vio que un policía local estaba retirando un coche mediante una grúa. Al comprobar que al retirar el vehículo la grúa estaba descolgando el parachoques, se lo hizo saber al policía, quien lo negó. Al insistir el ciudadano, el policía le preguntó si era el propietario. Al negarlo el ciudadano, el policía le dice que se marche y “se caga en sus muertos”, según recoge la sentencia. El ciudadano levanta los brazos en actitud de sorpresa y le dice “encima que te voy a ayudar te cagas en mis muertos”. 

Acto seguido, el policía lo reduce, le pone las rodillas en la espalda, llama a policías en apoyo y se lo lleva “indebidamente detenido a comisaría”, denunciándolo por atentado y faltando a la verdad denuncia que el ciudadano, tras el incidente, le pone una mano por detrás, le empuja y le intenta agredir. 

“Dicha denuncia falsa, detención e ingreso en los calabozos”, según recoge la sentencia, determinó que el ciudadano se viera involucrado en un procedimiento penal por un delito de atentado. En la vista oral, el policía local “testificó bajo juramento de manera falsa” que el ciudadano le había insultado y había intentado agredirle. Pero testigos de los hechos aseguraron que la actitud agresiva y desproporcionada fue la del policía local. 

Por todos esos hechos, el policía local fue condenado a un año de prisión y seis meses de multa por un delito de falso testimonio y denuncia falsa y a tres años de prisión por un delito de detención ilegal en una sentencia de la Audiencia provincial de Cádiz que ahora ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.