La Audiencia de Málaga condena a Roca a 18 meses de prisión y 12 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación administrativa

Le condena, además, a indemnizar al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 10,7 millones de euros

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Comunicación Poder Judicial

La sección novena de la Audiencia de Málaga ha condenado a Juan Antonio Roca a 18 meses de prisión y 12 años de inhabilitación por delitos de malversación de caudales público continuado con la agravación de especial gravedad y por un delito de prevaricación administrativa, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por el desvío de dinero público en la construcción de una desaladora de Marbella.

Además, la sentencia le condena a indemnizar al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 10,7 millones de euros por la cantidad que esta Corporación abonó por la expropiación de sus terrenos a Topoca Trust Reg Vazuz. Y también deberá indemnizar a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol en las cantidades que se vea obligada a abonar por la expropiación de los terrenos ocupados, lo que se acreditará en ejecución de sentencia.

La Audiencia considera probado que en el año 95 la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol decidió la construcción de una planta desaladora del agua del mar para suministrar agua potable a los municipios que la integraban. Para su construcción se utilizó el modelo de concesión pública, siendo contratada la empresa privada Decosol. La empresa realizaría la construcción financiándose las obras por el contratista y recuperándose parte de lo invertido mediante un canon de explotación de la desaladora por la parte no subvencionada.

Con el fin de que se pudieran llevar a cabo las obras de construcción de la desaladora, obras que se obligaba a realizar la adjudicataria Decosol, se hacía necesaria la expropiación de los terrenos en los que esta se iba a instalar. Para ello, el Ayuntamiento de Marbella aprobó el 14-4-96 el proyecto de ejecución de la desaladora e iniciar expediente de expropiación de los terrenos afectados. En este acuerdo se designó como beneficiario de los terrenos al Ayuntamiento de Marbella.

Por el Ayuntamiento de Marbella se encargó la gestión de estas expropiaciones a la entidad Planeamiento 2.000 regentada por Juan Antonio Roca Nicolás. El abono de los justiprecios correspondía a la empresa adjudicataria, Decosol, la cual abonó a Planeamiento 2.000 150 millones de pesetas mediante dos cheques bancarios. Este documento fue ingresado en la cuenta Planeamiento tenía abierta, siendo el único autorizado en la misma Roca Nicolás.

La sentencia señala que “lejos de aplicar dicha cantidad a aquello para lo que estaba destinada, pago del precio de las expropiaciones, y con intención de hacer suyo el dinero” el día 21-12-96 extrajo de la cuenta de la entidad financiera grandes cantidades de dinero.

Pese a haber recibido el dinero anticipado, no se tramitaron los expedientes de expropiación ni se abonó justiprecio alguno salvo en un caso. Los terrenos sí fueron ocupados por el Ayuntamiento y no consta a día de hoy si se han pagado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol o el Ayuntamiento de Marbella el justiprecio de los terrenos ocupados.