Sesenta y cuatro años de prisión para dieciocho procesados por trafico de drogas en locales de ocio de Gijón y Avilés

La Audiencia Provincial impone las mayores penas a un antiguo socio de Emilio Suárez Trashorras, condenado por la trama de la dinamita relacionada con los atentados de Madrid del 11 de marzo del 2004, a quien se le considera responsable además de un delito de cohecho en la persona de un Guardia Civil, también condenado

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Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a sesenta y cuatro años de prisión a dieciocho de los veintiún acusados de traficar con droga en distintos locales de ocio de Oviedo y Gijón. Los ahora condenados fueron detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional en el marco de la denominada 'Operación Tridente', en 2012. Dicha operación se saldó con el decomiso de 48 kilos de hachís, 11 litros de ketamina y 220 gramos de cocaína. Los registros se practicaron en Gijón y Avilés, donde operaba la trama delictiva, cuyos integrantes distribuían las sustancias estupefacientes en distintos establecimientos hosteleros.

Tres procesados ha resultado absueltos al considerar el tribunal sentenciador que no existen pruebas que determinen su implicación. El juicio se celebró el pasado mes de noviembre.

En la primera sesión de la vista oral dieciséis acusados ya habían llegado a un acuerdo con el representante del ministerio fiscal mediante el cual reconocían los hechos y conseguían una reducción de la condena. La fiscalía solicitaba de forma inicial penas que sumaban los 133 años.

Las mayores penas del fallo judicial, -que puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo-, 8 años de prisión, se imponen a A. L. M. un antiguo socio de José Emilio Suárez Trashorras, el minero avilesino condenado por la trama de la dinamita vinculada a los atentados del 11 de marzo de 2004. Se le condena por los delitos de tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal y como autor de un delito de cohecho. Según la sentencia, queda probado que compró por 200.000 euros a un guardia civil también condenado, con el fin de que le informase si había alguna investigación abierta contra él y tratase de desviar la atención de los agentes.

El ahora ex agente de la Guardia Civil fue detenido durante el desmantelamiento de la trama delictiva, y ha sido condenado a tres años de prisión como responsable criminal de un delito cohecho, así como a la inhabilitación para el ejercicio de su cargo en la Benemérita. Según quedó acreditado durante el juicio, alertaba al resto de integrantes sobre las investigaciones que se estaban realizando en materia de estupefacientes.