La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto ha acordado hoy la libertad provisional de los siete detenidos en el marco de una de las piezas separadas de la llamada Operación Flotador, en la que se investigan las irregularidades detectadas en el concurso para la gestión municipal del agua.

La magistrada no ha adoptado medidas cautelares contra los arrestados, que están investigados en una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, al no apreciar riesgo de fuga, ya que tienen domicilio conocido y cuentan con arraigo familiar.

Entre los detenidos hoy por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía figuran, entre otros, un concejal, una exconcejala y el que fuera interventor de la corporación.

La investigación cifra provisionalmente en 24 millones de euros el posible perjuicio generado a las arcas públicas municipales tras la constitución, en 2009, de Aigües de Sagunt SA, una empresa de economía mixta dedicada a la gestión integral del suministro de agua en la localidad, en la que el Ayuntamiento tiene el 51 por ciento del capital social y la empresa privada Aguas de Valencia SA resultó adjudicataria del 49 por ciento restante.

Estas diligencias constituyen una pieza separada de la llamada Operación Flotador, que se inició en agosto de 2015 por delitos de cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En la causa principal están siendo investigadas doce personas físicas, concejales y exconcejales de Sagunto, y seis personas jurídicas, por el presunto fraccionamiento de contratos a favor de diferentes empresas.

Además, en otra de las piezas separadas ya han sido encausados y están pendientes de juicio el exjefe del Departamento del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento de Sagunt (que había sido alcalde antes y ocupó con posterioridad el cargo de concejal) y cuatro técnicos de ese área por el uso irregular de una partida económica destinada a la renovación de uniformes oficiales.