La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y ha revocado el auto de libertad bajo fianza de 30.000 euros dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo, para dos hermanos rumanos investigados en unas diligencias abiertas por pertenencia a organización criminal dedicada a la prostitución y la trata de seres humanos, entre otros delitos.  

Los mismos hombres serán juzgados el próximo mes de junio en la misma sección de la Audiencia por hechos similares, tras un primer juicio que tuvo que anularse sin concluir al detectarse un error en la composición del tribunal. 

Para la Audiencia, la revocación de la libertad con fianza de los dos hermanos, queda justificada  tras la lectura del atestado instruido, que dio lugar a su detención que "revela un número mas que considerable de indicios que permiten deducir su participación en los graves delitos de organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, relativos a la prostitución, trata de seres humanos, tráfico de drogas, contra la libertad sexual, detención ilegal,blanqueo de capitales y otros objeto de investigación".  

La magistrada ponente del Auto de la Sección Segunda valora asimismo las manifestaciones vertidas por los testigos protegidos que han declarado ya "relatando la situación vivida con todo lujo de detalles y el resultado de las

pesquisas policiales consistentes en vigilancias, registros practicados y examen del contenido de documentos incautados, así como la naturaleza y cantidad de los bienes, dinero y drogas aprehendidos que se encontraban a su disposición o a la de personas de su entorno.". 

Por todo ello se considera que, "de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Fiscal en su recurso, los indicios existentes son suficientes para fundamentar la medida personal de carácter excepcional de prisión preventiva, en atención a la naturaleza y gravedad de los delitos imputados, las circunstancias concurrentes en su ejecución y muy especialmente para evitar que los investigados puedan actuar contra bienes jurídicos de las víctimas o sus allegados, pueda continuar con la realización de hechos delictivos de la misma naturaleza o evadirse de la justicia".