El juez del ‘caso Ausbanc’ finaliza la instrucción y propone enjuiciar a 14 personas

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que Ausbanc utilizó a Manos Limpias para reforzar sus coacciones

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Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido este lunes la instrucción del llamado caso “Ausbanc” y acordado dirigir el procedimiento contra catorce personas, entre ellas el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otros responsables de Ausbanc por los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional respecto a uno de los hasta ahora investigados, el abogado José María Gómez de León.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado el magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o en su caso pidan el sobreseimiento de la causa.

En su resolución, Pedraz estima que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Luis Pineda a través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc, cuya finalidad última era “la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”, bajo la cobertura de una “defensa de los consumidores”. El juez describe conductas de presión a entidades contra las cuales, por la naturaleza de la asociación, debería luchar para lograr una protección efectiva de los consumidores.

El dinero que recaudaba Ausbanc procedía en gran parte, según se desprende de la investigación realizada por el juzgado, de las entidades financieras con las que se firmaban “convenios publicitarios”. Otra parte de los ingresos de la Asociación provenía de las subvenciones por su condición de asociación sin ánimo de lucro y de las aportaciones de los asociados. Un dinero que no redundaba en el beneficio de la asociación sino que gran parte del mismo, explica Pedraz en su escrito, “se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes de Ausbanc, con la finalidad última de beneficiarse personalmente”.

El sindicato Manos Limpias, instrumento para reforzar la coacción

El magistrado detalla las coacciones a determinadas entidades para llevar a cabo acuerdos económicos enmascarados como convenios publicitarios, llegando a utilizar al sindicato Manos Limpias como un medio para reforzar esas coacciones.

Según Pedraz, Ausbanc financiaba al sindicato para ejercer la acusación popular en distintos procedimientos judiciales, valiéndose para actuar de tal manera “de los recursos propios del sindicato, contando con el apoyo y beneplácito del Secretario General de Manos Limpias, Miguel Bernad, a quien Luis Pineda, en cierto modo, controlaba y manejaba”.

Ambos contaban, añade el juez, con el apoyo de la letrada Virginia López Negrete. Esa connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias destaca en al menos ocho procesos judiciales que recoge en su escrito, como los llamados “caso Sevilla”, “caso Palma”, “caso Sabadell”, “caso Facua”, “caso Volkswagen” o “caso Banco Santander”, entre otros.

En el conocido como “caso Noos”, en el que Manos Limpias ejercía la acusación popular y que afectaba a la Infanta Cristina de Borbón, Pedraz concluye que Luis Pineda “utilizaría la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre 2 y 3 millones de euros”.

El magistrado describe el complejo entramado empresarial creado durante estos años por Luis Pineda con la clara finalidad, argumenta, de obtener un lucro personal así como de ocultar la verdadera procedencia de dicho beneficio, que se canalizaba a las sociedades personales del presidente de Ausbanc. Unos hechos que el magistrado tipifica como estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.