El juez del "caso Alquería" autoriza a la Policía para que complete la documentación intervenida en la operación contra la corrupción de la Diputación de Valencia

Los agentes de la UDEF acuden a la Corporación Provincial, al Ayuntamiento de Onteniente y a Divalterra para recabar más información sobre las contrataciones irregulares. El Juzgado investiga por prevaricación administrativa y malversación al expresidente de la Diputación, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra

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Comunicación Poder Judicial


El Juzgado de Instrucción numero 9 de Valencia, que investiga irregularidades en las contrataciones en la empresa Divalterra, ha autorizado a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para recabar información que complete la intervenida en las entradas y registros autorizadas el pasado mes de junio en el marco de una operación anticorrupción en la Diputación de Valencia que se saldó con la detención del entonces presidente de la Corporación provincial y alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra, empresa de capital público dependiente de la Corporación Provincial dedicada al desarrollo socieconómico de los municipios de la provincia.

Los agentes de la UDEF se han desplazado esta mañana a las sedes de la Diputación Provincial de Valencia, del Ayuntamiento de Onteniente y de Divalterra para la práctica de esta diligencia.

No se trata de una entrada y registro.

La causa, que permanece secreta, está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Se inició en 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

En el marco de la llamada “operación Alquería”, el 27 de junio los agentes de la UDEF practicaron registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Onteniente, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa). El magistrado instructor autorizó también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.
Además del presidente de la Diputación, en junio fueron arrestados un asesor, el jefe de gabinete, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra y los dos directores gerentes de esta empresa pública. Tras su comparecencia ante el juez, quedaron en libertad. Mantienen la condición de investigados.