La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a seis años de prisión por delito contra la salud pública a un policía encargado en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid, de la custodia de las capsulas de droga que expulsan de su organismo los detenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas conocidos como “boleros”. El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía se apropió de 55 de esas capsulas, con un peso neto de 377 gramos, con el fin de entregárselas a otro acusado que iba a encargarse de su venta.

El Supremo confirma la condena que la Audiencia de Madrid impuso al principal acusado, el policía José Manuel H.T., como autor de un delito contra la salud pública de tenencia de cocaína para el tráfico en la modalidad agravada de prevalerse del ejercicio de la función pública para ejecutar los hechos (artículo 369.1ª del Código Penal).

Sin embargo, el Supremo estima parcialmente el recurso del policía y anula la condena a seis meses de prisión que la Audiencia le impuso por delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal.

La absolución por este segundo delito se fundamenta en que la aplicación al acusado del subtipo agravado del artículo 369.1ª del Código Penal, ya comprende en este caso el injusto penalizado en el artículo 432 del Código Penal; de manera que la punición conjunta de ambas conductas entrañaría una infracción del principio ‘non bis in ídem’ (que impide sancionar más de una vez un mismo hecho).

Respecto al otro acusado, Paul Alexander P.P., se mantiene su condena de tres años de cárcel por un delito contra la salud pública. Era la persona encargada de vender la sustancia que el funcionario policial extrajo del centro hospitalario. Además se le intervino en su domicilio una pequeña cantidad de cocaína y los instrumentos idóneos para dedicarse al tráfico de la referida sustancia.