La Comisión de Seguimiento del Convenio del Sistema de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial, reunida hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial y de la que forman parte, además de este órgano, el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales, ha aprobado hoy definitivamente el primer Plan de Prevención de Riesgos de los jueces y magistrados españoles.

Con la firma del documento por parte del representante del Ministerio de Justicia, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, el Plan entra en vigor con efecto inmediato, después de haber sido aprobado previamente tanto por las cuatro asociaciones judiciales –Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- como, el pasado 27 de enero, por la Comisión Permanente del CGPJ.

Ahora, el órgano de gobierno de los jueces difundirá el Plan 2015-2016 a todos los miembros de la carrera judicial –ya está disponible en el área reservada a ellos en la web www.poderjudicial.es-antes de presentarlo oficialmente en un acto al que asistirán los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia y los delegados territoriales de Prevención.

Además, el CGPJ pondrá en marcha próximamente un plan de formación en materia de Prevención de Riesgos en todos los territorios.

En la reunión de hoy también se ha acordado designar como presidente de la Comisión de Seguimiento al vocal del CGPJ Juan Martínez Moya, que junto a la también vocal Concepción Sáez y los representantes de las asociaciones judiciales han sido los responsables de la redacción del Plan en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud.

Características de la actividad judicial

El Plan recoge las características “singulares” de la actividad judicial –por ejemplo, que no se realiza sometida a horario concreto determinado y que el número de asuntos repartidos a cada órgano judicial no está sujeto a ninguna limitación, aunque los jueces y magistrados sí tienen que celebrar los juicios y vistas y dictar las resoluciones correspondientes dentro de los plazos procesales marcados en cada jurisdicción- y una relación exhaustiva de los riesgos de salud para la carrera.

Entre éstos –además de los comunes, como caídas, golpes, sobreesfuerzos, accidentes de tráfico o los derivados del uso de equipos informáticos- figuran las agresiones y los riesgos psicosociales: estrés, acoso, etc.

La carga de trabajo, factor de riesgo para la salud

El Plan establece que “el Consejo General del Poder Judicial regulará la carga de trabajo de la Carrera Judicial a efectos de salud laboral”, como aspecto diferenciado de “los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano judicial”.

Entre las actuaciones que se prevén figuran incluir en los planes de formación continua técnicas para el manejo y afrontamiento del estrés y los riesgos psicosociales.

Además, los jueces y magistrados podrán someterse anualmente, y de manera voluntaria, a un examen de salud que incluirá la valoración de la carga mental mediante una encuesta con siete apartados: información personal, factores personales, exigencias, organización del trabajo, sintomatología, incapacidad laboral y satisfacción personal en el trabajo.

Situaciones de especial sensibilidad y protección a la maternidad

El Plan incluye protocolos específicos para garantizar la protección en materia de seguridad y salud de los miembros de la carrera judicial en situaciones clínicas de riesgo –como el tratamiento de enfermedades cancerosas- o de especial sensibilidad, así como de las juezas y magistradas en estado de embarazo, parto reciente o lactancia.

Ello permitirá elevar a la Comisión Permanente del CGPJ propuestas de adopción de medidas de adaptación y apoyo tras analizar las condiciones de trabajo y las funciones y actividades del puesto.

5.500 jueces y magistrados

El número total estimado de jueces y magistrados asciende a 5.500, distribuidos por las diferentes sedes judiciales –el Plan incluye un anexo con una relación de todos los centros de trabajo- e incluidos jueces en prácticas, jueces sustitutos y magistrados suplentes en cuanto estén ejerciendo labor jurisdiccional.

El Plan, por último, prevé políticas especiales de prevención para Jueces de Adscripción Territorial (JAT) y JAT de refuerzo.