El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por la infección de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y les ha ofrecido personarse en la causa como perjudicados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal en su informe presentado en el juzgado. 

En su auto, el magistrado explica que la declaración del secreto tiene por objeto “<prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación>, pues solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento”. 

Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo podrá ser conocido posteriormente, “evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna”.