La vocal del CGPJ, Carmen Llombart, miembro del Observatorio contra la Violencia de Género, se ha reunido hoy con el decano del ICAV, Rafael Bonmatí, para conocer su posición ante el proyecto de comarcalización y la creación de más juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer.

Como vocal del Observatorio entiende que la lucha contra la violencia sobre la mujer pasa por un contrato social que implique a todos los operadores colectivos, sociedad civil, colectivos profesionales y administración.

Llombart, que se propone liderar el trabajo en esta línea, tiene el objetivo de trasladar al Observatorio las sugerencias que se le hagan para diseñar una nueva organización que pueda satisfacer los intereses de todos.

“La reciente reforma de la LOPJ nos permite abordar la comarcalización de los juzgados de Violencia. Nos parece, sin duda, un paso más por la extensión de la especialización a todas las víctimas, un mayor aprovechamiento de los recursos y una mejor atención a las víctimas”, ha afirmado Llombart.

“Cada vez más son más jóvenes las víctimas y más jóvenes los agresores. Por ello, necesitamos una mayor y mejor información y formación en valores constitucionales como la igualdad a los jóvenes en materia de violencia sobre la mujer”, señala Llombart.

La vocal del CGPJ ha definido como “un éxito indudable” la creación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y como “crucial” el papel que han desarrollado durante los diez años que ya llevan funcionando. “Por eso, porque tenemos un sistema que ha demostrado su eficacia, en el que la sociedad confía, que ha aportado y aporta muchísimo por la igualdad y que muchos otros países quieren imitar, tenemos que esforzarnos por mejorarlo, por modernizarlo. Para ello, la comarcalización y creación de más juzgados de Violencia sobre la mujer es una magnífica oportunidad”, ha asegurado.

El Observatorio, que trabaja en la formación continua de jueces/zas y magistrados/as, considera imprescindible extender esa formación tanto a fuerzas y cuerpos del Estado como a funcionarios de las administraciones públicas.