El Supremo archiva la causa contra el senador y ex alcalde de Tenerife Miguel Zerolo por presunto cohecho en el ‘caso Forum’

La causa investigó la supuesta entrega de dádivas de un empresario al político de Coalición Canaria

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Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha emitido auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones seguidas contra el senador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo Aguilar por presunto cohecho en el denominado 'caso Forum'. El auto ha sido dictado por el magistrado del Supremo que ha instruido la causa Andrés Martínez Arrieta, tras tomar declaración el pasado viernes como imputados al propio Zerolo y al empresario José Ana Pérez Lobajos. La causa investigó la supuesta entrega de dádivas del empresario al político de CC (ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife), en concreto, 3 millones de euros para su partido, y un piso a mitad de precio para la hermana del político.

En el auto, Martínez Arrieta indica que la posible recepción de la última dádiva se produjo en 2005, y la causa contra Zerolo se incoó en diciembre de 2013, por lo que la única forma de no estimar la prescripción del delito, de acuerdo al Código Penal vigente en el momento de los hechos, es relacionar la entrega de dichas dádivas con una actuación administrativa constitutiva de delito o un acto injusto relativo al ejercicio del cargo.

El juez centró sus interrogatorios a Zerolo y al empresario del pasado viernes en esa relación causal entre la hipotética dádiva y un acto administrativo, "sin que de esas declaraciones resulte una mínima acreditación, que tampoco aparece refrendada por una documentación u otra actividad probatoria, que permita esa causalidad precisa para la subsunción típica en un delito no prescrito".
Contra el auto cabe recurso de reforma ante el propio juez y de apelación ante la Sala Segunda del Supremo.

Zerolo tiene abierta otra causa en el Supremo por el denominado caso de las Teresitas, por el que el alto tribunal pidió su suplicatorio el pasado mes de noviembre al Senado para actuar contra él por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Además, el pasado mes de julio, el Supremo condenó a 8 años de inhabilitación al político canario por prevaricación en la concesión de unas obras de rehabilitación.