La sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado pedir a un economista y a un ingeniero industrial un dictamen, entre otros aspectos, sobre la rentabilidad de cinco instalaciones fotovoltaicas desde su puesta en funcionamiento y hasta la entrada en vigor del Decreto 14/2010, la rentabilidad obtenida por dicha instalación durante los años 2011, 2012, y 2013, la repercusión en ese período de la reducción de horas equivalentes de funcionamiento o la rentabilidad previsible durante los treinta años siguientes a su puesta en funcionamiento según el decreto 14/2010.

El Tribunal Supremo se dirige al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y al Colegio Oficial de Ciencias Económicas para que elijan por sorteo a un perito ingeniero industrial especialista en electricidad y a un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales que realizarán la pericial de forma conjunta y, en caso de discrepancias, que las hagan constar en su dictamen.

La Sala considera imprescindible la práctica de dicha diligencia antes de resolver el litigio planteado por cinco empresas que reclaman indemnizaciones por el perjuicio ocasionado con la reducción de las hora prima. También deja en suspenso el plazo para dictar sentencia hasta que se emitan y ratifiquen los informes periciales solicitados.

Las empresas recurrentes son IMEDEXA (en Malpartida, Cáceres), dos instalaciones incluidas en Parque Fotovoltaico Apolo II, Arroyo del Moro (La Rinconada, Sevilla), parcela 59 y 25 del Polígono 17 de Albacete y C15 Huerto Solar de la Castra.

*Se adjunta una de las providencias