El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto al Tribunal Supremo que sea la justicia española la que investigue y juzgue en su caso el secuestro y asesinato del español Carmelo Soria cometido el 14 de julio de 1976.

El pasado 4 de mayo el Tribunal Supremo  devolvió la exposición razonada enviada por el juez Pablo Ruz sin entrar a valorar los hechos porque según el alto tribunal había omisiones observadas en aquella exposición razonada. Ahora, De la Mata reitera la exposición razonada explicando y justificando los motivos por los que entiende que existen indicios serios y razonables de que los hechos investigados en torno al asesinato de Carmelo Soria no están afectados por la última reforma de la jurisdicción universal y por tanto, la competencia debe recaer en los tribunales españoles.

A lo largo de los 35 folios de su exposición el juez explica todo el recorrido penal y procesal que ha seguido la investigación por el asesinato del diplomático español tanto en España como en Chile. De la Mata hace constar que debe valorarse la posibilidades de que prospere el proceso penal en Chile de forma muy prudente, porque "no supone en absoluto evaluar, analizar y mucho menos enjuiciar la actuación del poder judicial o de la Administración de Justicia de Chile" que, según explica el juez, es notorio que en los últimos años ha protagonizado un importante proceso de reforma legislativa sustantiva, procesal y orgánica, así como de modernización estratégica y tecnológica.

Una vez aclarado que no se trata de cuestionar el poder judicial de Chile en su conjunto, De la Mata analiza el asunto determinado, que es el homicidio calificado de Carmelo Soria. Y en este caso concreto, el juez considera que no ha existido en aquel país en ningún momento "ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido" y hace constar la demora injustificada de 39 años para aclarar los hechos.

Durante este tiempo, el poder judicial de Chile ha sobreseído hasta en cuatro ocasiones la causa y desde que se reabrió hace dos años la investigación ha estado más de un año prácticamente paralizada, sin recibir declaración a implicados evidentes y denegando la extradición de los presuntos responsables precisamente porque se estaba siguiendo un proceso en Chile, lo que "es incompatible - señala el auto- con una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido".

El juez recuerda que durante 14 años el poder judicial de Chile desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no dando paso alguno para reabrir la causa. Aquel informe de la Comisión Interamericana concluía que el estado chileno había violado, respecto de Carmelo Soria, el derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal y que las decisiones de sobreseimiento en Chile agravaban la situación de impunidad.

La conclusión, según el juez, es que la forma en que se está llevando la investigación en Chile, sin adoptar decisiones precisas ni a lo largo de los 39 años, ni sobre todo en los últimos 2 años en que se ha reaperturado la causa (prácticamente paralizada, solo a impulso de parte, acordando únicamente diligencias accesorias, y denegando las esenciales). Por todo ello, debe ser la jurisdicción española la que investigue y enjuicie en su momento a los responsables del asesinato del diplomático español.

El juez se basa en el reciente auto del Tribunal Supremo en el caso "Ellacuría" donde el alto tribunal valoraba el hecho de que el fiscal, como ocurre también en este caso, impulsó la investigación y enjuiciamiento de los hechos.