El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona aprecia indicios de la existencia de un delito de insolvencia punible y otro de falsedad documental por parte de la exalcaldesa de Tafalla Cristina Sota y otras seis personas encausadas más por su supuesta responsabilidad al frente de una empresa constructora de la que era socia y que estaba en una situación de insolvencia.

En el auto, que puede ser recurrido, el magistrado da traslado al fiscal y las acusaciones particulares personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.

Según expone el juez, resulta "indiciariamente acreditado" que los siete imputados percibieron de la entidad Construcciones y Reparaciones La Nava SL, "que estaba en una situación en la que no podía afrontar las deudas con sus acreedores", la cantidad de 93.326,90 euros.

Al respecto, añade que los encausados aportaron a la administración concursal de dicha entidad para su justificación un acta de la Junta General fechada el 6 de septiembre de 2007 “y que había sido elaborada no antes del año 2013 para su aportación a la administración concursal”.

Del relato de hechos expuesto, prosigue el magistrado, y sin perjuicio de lo que determine en su día el juez o tribunal sentenciador, tras la incorporación a su patrimonio societario de la citada cantidad, se creó por parte de los socios “una apariencia documental para su justificación” a la que nunca antes se había hecho referencia y que “contenía cita de legislación posterior a su fecha nominal”.