El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a los 32 responsables de la estafa masiva de Fórum Filatélico y les impone una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que pudieran ser condenados de 3.702 millones de euros por el perjuicio económico causado a un total de 269.203 afectados.

En un auto, el juez Ruz da por finalizada la investigación -iniciada por querella de la Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el procedimiento- de una de las estafas de mayor envergadura de los últimos tiempos, tanto por el volumen de perjudicados como por las cantidades defraudadas. Durante los 8 años que ha durado la instrucción, la causa ha acumulado una pieza principal con más de 68.000 folios y piezas separadas que suman miles de tomos y más de un millón de folios. A modo de ejemplo, la pieza separada de denuncias cuenta con un total de 1.137 tomos y 290.000 folios.

Otra muestra de la “complejidad” de la investigación son las comisiones rogatorias cursadas por el Juzgado Central de Instrucción 5: en total 115 a 25 países y territorios de todo el mundo. En concreto, Alemania (11), Andorra (5), Austria (1), Canadá (4), Chipre (2), Dubai (1), Estados Unidos (1), Francia (5), Gibraltar (10), Guernsey (1), Holanda (7), Italia (1), Isla de Man (1), Islas Vírgenes (1), Letonia (3), Liechtenstein (5), Luxemburgo (6), Mónaco (2), Portugal (1), Reino Unido (20), República Dominicana (2), Suiza (22), Turquía (1), Ucrania (2) y Uruguay (1).

En el auto, el juez relata de manera pormenorizada la estafa llevada a cabo por los gestores de Fórum, que ha permitido acreditar que su actividad  era “económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible”, en la medida en que los clientes pagaban por los sellos unos precios fijados unilateralmente por la propia empresa a un precio muy superior a los que podían conseguir en el mercado filatélico. Además, la sociedad se obligaba a recomprárselos a un precio aún mayor para abonarles la rentabilidad garantizada.

 “Fórum Filatélico no contaba con el patrimonio suficiente ni generaba los recursos necesarios para hacer frente a esos elevados compromisos de pago debido a los enormes gastos de mantenimiento de su actividad, al exiguo resultado de sus inversiones y el escaso valor de su patrimonio filatélico referenciado a sus propias listas manifiestamente sobrevaloradas”, explica el juez. Tampoco sus doce filiales podían actuar de respaldo, puesto que al tiempo en que se produjo la intervención judicial de Fórum, el 9 de mayo de 2006, acumulaban pérdidas superiores a los 38 millones de euros.

Prueba de que Fórum inflaba el valor de los sellos es que, según la propia entidad, su colección de sellos estaba valorada en más de 4.300 millones de euros, cuando, según el auto, con los precios del catálogo Yvert & Tellier, tenía un valor once veces menor. Es más, el auto asegura que para el supuesto caso de que Fórum quisiera liquidar dicha colección su valor sería, “en el mejor de los casos” y con precios de 2007, de 86 millones de euros.

Para ocultar su situación, mantener la confianza de sus clientes y evitar el rescate de sus inversiones y con ello el “colapso” de la entidad, además de para poder cumplir sus compromisos de pago, los responsables de Fórum, al frente del cual estaba el principal imputado, Francisco Briones, desarrollaron un mecanismo “defraudatorio piramidal”, de forma que con el objetivo de retener al mayor número de clientes les ofrecían renovar sus inversiones. De esta manera, con las aportaciones de los nuevos clientes se pagaban las desinversiones y rentabilidades de los antiguos clientes, a quienes se hacía creer que las cantidades abonadas procedían de la revalorización de sus sellos.

Este proceso de captación y fidelización de los miles de clientes de Fórum pudo sostenerse, afirma el juez, gracias a la “incesante” labor de una extensa red comercial “fuertemente incentivada” e integrada por más de 4.500 agentes comerciales, mediadores y prestadores de servicios. La amplitud de esta red comercial eral tal que solo en gastos de comisiones y dietas, al margen de los sueldos, entre 2002 y 2006, ascendió a más de 178 millones de euros. Se calcula que los fondos captados por Fórum entre los años 2000 y 2005, esto es, en seis años, fueron superiores a los 11 mil millones de euros.

Como comercializadora de bienes tangibles, Fórum Filatélico no podía captar ahorro del público ofreciendo una rentabilidad garantizada, como si de un depósito bancario se tratara, por lo que “tenía que instrumentar sus operaciones y contabilizarlas de forma que no aflorase la naturaleza subyacente de su actividad”, asegura la resolución.

Para ello, se utilizó un sistema de contabilidad que ocultaba el “creciente desequilibrio patrimonial” de la entidad. De acuerdo con la investigación judicial, lo que en las cuentas de Fórum aparecía como fondos en positivo en realidad eran cifras negativas. Así, lo que en el año 2005 eran un superávit en la cuentas de Fórum de 411 millones, los peritos judiciales han acreditado que era una situación negativa de 2.600 millones de euros. De hecho, en la fecha de la intervención judicial, “Fórum Filatélico presentaba unos fondos negativos superiores a los 2.800 millones de euros”.

Al respecto, el auto concluye que “las cuentas anuales de Fórum Filatélico, formuladas por sus administradores, no mostraron a los inversores durante años la imagen fiel de su situación financiera, su patrimonio y sus resultados, sino que ocultaron su situación de insolvencia”.

Con el fin de dar cobertura a su actividad ficticia, los administradores de la filatélica contaron con la colaboración “imprescindible” de José Carrera Sánchez, socio de Carrera Auditores, quien durante años dio el visto bueno a las cuentas de la filatélica “aun conociendo que las mismas no reflejaban la realidad económica de la sociedad”.

Sociedades interpuestas en el extranjero

La investigación también ha permitido también desentrañar que una parte muy importante de los fondos captados por Fórum de sus clientes fueron a parar a diversas sociedades extranjeras que aparentemente actuaban como proveedores de filatelia, pero que “en realidad formaban parte de una compleja red internacional de sociedades interpuestas al servicio de la actividad defraudatoria descrita”.

El juez calcula que con esta operativa, en la que contaron con la colaboración de varios despachos de abogados, se detrajeron fondos de Fórum Filatélico por valor de cientos de millones de euros.

Parte de los fondos evadidos fueron utilizados por los procesados para acometer operaciones inmobiliarias en su propio beneficio. Una de ellas, a modo de ejemplo, supuso la adquisición de la sociedad Parque Marítimo Anaga y su posterior venta a Grupo Unido, una operación por la que uno de los procesados, José Manuel Carlos Llorca, se embolsó más de 15 millones de euros.

Los indicios contra los acusados quedan plasmados en los fundamentos jurídicos del auto, donde Ruz desvela que varios documentos incautados en la sede de Fórum Filatélico indican “con claridad” que los dirigentes de la sociedad tenían una especial preocupación por que no aflorara la verdadera naturaleza de su actividad. Además, se hallaron en la sede de Fórum dos informes jurídicos encargados por la propia entidad en los que se hace referencia a “actividades realizadas en fraude de ley”, a la “ficción” de la revalorización de los sellos e “incluso a eventuales responsabilidades penales”. Algunos de esos documentos apuntan “expresivamente al mecanismo piramidal que sostiene a la sociedad”, dice la resolución.

Por todos estos hechos, el juez procesa a los 32 responsables y colaboradores de Fórum, en distinto grado de participación, por delito continuado de estafa cualificada, falseamiento de cuentas anuales, insolvencia punible y blanqueo de capitales e impone a 22 de ellos una fianza de responsabilidad civil de 3.702 millones de euros con los que hacer frente a una eventual condena, “estimación resultante del cálculo del perjuicio económico” causado.

Entre los procesados se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración, integrado por el consejero delegado, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez.

Además, Ruz reactiva la orden de busca y captura para su ingreso en prisión respecto del huido José Manuel Carlos Llorca y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas por no existir suficientes indicios para sostener una acusación contra ellos.