El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por concluida la investigación abierta por el llamado ‘caso Pretoria’ y considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 11 personas, entre ellas los ex dirigentes de CIU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, así como ex alcaldes o ex diputados del PSC como Bartolomé Muñoz y Luis Andres García. El magistrado les imputa los delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y delitos continuados de blanqueo de capitales.

En su auto de modificación a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en el sumario), el juez relata toda una trama que desarrollaron los imputados desde 2000 a 2009 para intermediar e influir en adjudicaciones públicas. Su ámbito de actuación era operaciones urbanísticas desarrolladas en localidades de la provincia de Barcelona. A cambio de su labor de intermediación, los imputados percibían "cuantiosas comisiones" que posteriormente ocultaban con la finalidad de hacerlas florecer posteriormente a través de complejos entramados societarios y financieros.

En el caso de Alavedra y Prenafeta el juez cifra en 6.080.405 millones (Alavedra) y 14.984.865 millones (Prenafeta) las ganancias generadas, en parte por comisiones. En el caso de Luis Andrés García, que según el juez tuvo una intervención principal, sus ganancias ascendieron a 5.886.925 millones de euros y 1.728.064 Bartolomé Muñoz.