El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha presentado este martes en el Palacio de Justicia de Burgos la memoria judicial correspondiente al año 2023. Los datos expuestos por el magistrado reflejan un aumento en el número de asuntos ingresados respecto al año anterior.

Si el número de asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León durante 2022 ascendió a 289.797, durante el año pasado el registro global fue 296.927 asuntos. En total, 7.130 asuntos más.

Dicho ascenso se ha producido en los órdenes jurisdiccionales Civil (5,2% más) y Penal (1,8% más). Por el contrario, en Social (0,2% menos) y Contencioso-Administrativo (13,3% menos) se ha producido un descenso en el número de asuntos registrados. Esto supone un 2,9% más de asuntos ingresados en el total de jurisdicciones.

El nivel de resolución también ha experimentado una variación. Durante 2022, los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 278.187 asuntos, en tanto que en el año 2023 resolvieron 264.516. Esto es, 13.671 menos que el año anterior.

Concepción ha señalado que “es evidente que estos datos reflejan un ascenso en cuanto al número de asuntos ingresados y, aunque se aprecia un ligero descenso en el número de asuntos resueltos, no debe entenderse como un descenso real puesto que no puede olvidarse que en el año 2023 hubo dos huelgas: la primera de ellas de Letrados de la Administración de Justicia y la segunda de funcionarios de la Administración de Justicia, ambas en el primer semestre del año, con una duración total de enero a junio de 2023".

“La capacidad de respuesta, por lo que a asuntos resueltos y resoluciones de los jueces y magistrados se refiere, fue extraordinaria y supuso un esfuerzo añadido a la carga de trabajo en el segundo semestre del año para solventar la paralización de la actividad del primer semestre”, ha afirmado.   

Necesidades judiciales

En este sentido y a la vista de los datos reflejados, el presidente del TSJCyL ha recordado que resulta necesaria la creación de una serie de plazas judiciales dentro del territorio de Castilla y León, de acuerdo con el criterio del Servicio de Inspección del CGPJ, algo que viene siendo desatendido de manera reiterada por el Ministerio de Justicia.  

En el Real Decreto 1170/2023 de 27 de diciembre, se acordó la creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023. Solo tres de ellas lo fueron en Castilla y León: una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Segovia; una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección Civil); y un Juzgado de Primera Instancia en Ponferrada.

“Las citadas plazas, excepción hecha de la correspondiente a la Audiencia de Segovia, no habían sido interesadas por la Sala de Gobierno del TSJCyL y fueron creadas por criterios de oportunidad política en alguno de los casos. En cualquier caso, resultan de nuevo del todo insuficientes y el Ministerio ha ignorado un año más nuestras peticiones”, ha asegurado.

Concepción ha subrayado la necesidad de solicitar la creación de nuevas plazas judiciales para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en la comunidad. En concreto, las siguientes:

- Audiencias Provinciales: dos plazas de magistrado en la AP de Salamanca, una plaza de magistrado en la AP de Burgos (Sección Penal), y una plaza de magistrado en la AP de Valladolid (Sección Penal).

- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: uno en los partidos judiciales de Ávila, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Palencia.

- Juzgados de Primera Instancia: uno en los partidos judiciales de León, Salamanca y Valladolid.

- Juzgados de lo Penal: uno en los partidos judiciales de Ávila, León, Palencia y Salamanca.

- Juzgados de Violencia sobre la Mujer: uno en los partidos judiciales de Segovia y Zamora.

- Un Juzgado de Familia en Ponferrada.

- Un Juzgado de Instrucción en León.

- Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Ponferrada.

- Un Juzgado de lo Social en Burgos.

- Un Juzgado de lo Mercantil en León.

Concepción ha remarcado además que “a la falta de creación de nuevas plazas judiciales se une la imposibilidad de cubrir otras plazas que están vacantes, como es el caso en la Sala de lo Civil y Penal de este TSJ, la plaza de magistrado de designación autonómica, vacante por jubilación, porque la regulación legal impide que el CGPJ no renovado realice nombramientos en esta situación”.

“De igual modo, las Audiencias Provinciales de Soria y Zamora carecen de presidente por traslado y jubilación respectivamente de sus anteriores titulares. Ello determina una minoración de efectivos en las mismas y obliga a los magistrados más antiguos la asunción de las funciones gubernativas que aumentan sus obligaciones”, ha asegurado.

Defensa del Estado de Derecho

El presidente del TSJCyL ha destacado el trabajo de los jueces como ejemplo de responsabilidad frente a la situación que vive el país. “Los jueces estamos acostumbrados a trabajar en España con los escasos medios que se nos procura y siempre por encima del nivel de dedicación exigible. Y ahora, también, expuestos no ya a la sana crítica deseable y conveniente en un Estado de Derecho, sino al insulto de quien discrepa de las resoluciones que dictamos”, ha dicho.

Concepción ha alertado de la campaña de deslegitimación que desde determinados círculos políticos y mediáticos ha comenzado ya contra el Poder Judicial. “Hemos vivido estos últimos días el ataque perverso y despiadado a un juez por el solo hecho de incoar unas diligencias penales como consecuencia de una denuncia recibida. ‘Golpista con toga’, se le ha llegado a llamar. Se trata de un intento de deslegitimar a uno de los tres Poderes del Estado. Y solamente por cumplir con nuestro trabajo”, ha lamentado.

“Los jueces españoles seguiremos siendo el último baluarte del ciudadano ante cualquier tipo de arbitrariedad. No hay otra solución que seguir defendiendo el Estado de Derecho con la Ley en la mano, pese a vituperios y escenificaciones”, ha concluido.